Por Esther Vicente
El 15 de agosto de 2014 la Ley 54 cumple 25 años. Muchas personas me han preguntado si esta ley ha cumplido el objetivo de erradicar la violencia en las relaciones de pareja. La pregunta, o la insinuación, parte de una premisa equivocada. Ninguna ley por sí sola puede erradicar ningún problema como la violencia contra las mujeres y la violencia en la pareja.
La Ley 54, como otras sobre asuntos similares, sólo puede proveer remedios a las personas que sufren las consecuencias de la violencia y abonar al proceso de cambio de actitudes y prácticas que requiere su erradicación.
La experiencia de Puerto Rico con la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica da cuenta de las posibilidades y las limitaciones que encara el proceso de creación de legislación para atender las necesidades que genera la violencia en las vidas de las mujeres y de otros sectores discriminados. Aunque la Ley 54 es una medida de avanzada, su adecuada implantación choca con una sociedad que aún no ha superado el sexismo ni el discrimen por razón de género. Choca con una sociedad que en gran medida ni siquiera es consciente o acepta que existen en su entorno estructuras, prácticas y valores que engendran conflictos en los que a las mujeres nos toca la peor parte.
Usar el derecho, la legislación, el litigio para cambiar esas estructuras es un proyecto necesario, pero insuficiente. Hacer más eficaces las respuestas a la violencia requiere cambios culturales, el fortalecimiento del acceso a la justicia y procesos de rendimiento de cuentas y monitoreo accesibles a la ciudadanía.
El sector no gubernamental constituido, entre otras, por organizaciones de mujeres, entidades de defensa de los derechos humanos, activistas que defienden la diversidad sexual y genérica e instituciones proveedoras de servicios para las personas sobrevivientes de la violencia, cumplen un rol esencial en este proceso. La independencia y sostenibilidad de este movimiento amerita ampliarse y apuntalarse.
Toda vez que la política electoral tiene gran impacto sobre la agenda de los derechos de las mujeres en Puerto Rico y de los derechos humanos en general, la actuación del sector no gubernamental es imprescindible. El fortalecimiento de las redes de organizaciones locales y su interacción con las internacionales, el apoyo a las organizaciones y activistas feministas y a los proyectos de investigación son necesarios para asegurar un cuadro de personas informadas y de proveedoras de servicios que fortalezcan el proyecto de intervención y prevención de la violencia.
Dados los impresionantes esfuerzos dedicados en Puerto Rico a obtener reformas legales, en esta coyuntura es quizá más necesario invertir energías para asegurar respuestas apropiadas, no sólo de los operadores del sistema de justicia, sino también de otros actores sociales como los profesionales de la salud y la educación, los que atienden a la niñez y de la comunidad en su conjunto.
Antes de acercarse al sistema de justicia, las personas que confrontan violencia en la relación de pareja buscan ayuda y apoyo de familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, comunidad religiosa y de agencias que ofrecen servicios públicos a nivel municipal y estatal. Debe realizarse un esfuerzo coordinado para mejorar la comprensión y las respuestas a la violencia en la pareja por parte de estos actores sociales. Ello facilitará intervenir en etapas tempranas del problema y potenciar el cambio cultural y social necesario para su erradicación.
Las diversas evaluaciones de la Ley 54 repiten que el proceso de su implantación ha sido influido muy negativamente por las actitudes y prácticas de aquéllos llamados a hacer una realidad lo estatuido en la ley. Este problema tiene que atenderse. Es necesario fortalecer los mecanismos de rendimiento de cuentas, la educación y los procesos de desarrollo de conciencia para incidir hacia la transformación de esas actitudes y prácticas. En el proceso de alcanzar esta meta, 25 años no son suficientes. Hay que seguir.
Fuente: derechoalderecho
